La industria de Río Grande recibió este martes otro golpe de enorme magnitud. BGH, una de las empresas históricas del polo electrónico fueguino, comunicó a su cuerpo de delegados la intención de reducir alrededor de 250 puestos de trabajo, una decisión que amenaza con dejar fuera de la actividad a más de cuatro de cada diez empleados de su planta.

La empresa cuenta actualmente con una dotación aproximada de 600 trabajadores. Según trascendió, el recorte responde a modificaciones en los procesos productivos que comenzarían a implementarse el próximo 15 de diciembre.

Para avanzar con la reducción, BGH abriría inicialmente un registro de retiros voluntarios, con propuestas de pago en entre una y cinco cuotas, de acuerdo con la antigüedad de cada empleado. Hasta el momento, no se informó qué sucederá si la cantidad de adhesiones resulta insuficiente para alcanzar el número de desvinculaciones pretendido.

La noticia no representa un episodio aislado. Es otro capítulo de un proceso de deterioro industrial que está golpeando directamente a las familias de Río Grande y debilitando uno de los principales motores económicos de Tierra del Fuego.

La misma empresa ya había despedido a 24 trabajadores efectivos en agosto, después de atravesar meses de paralización y dificultades productivas. Aquel conflicto estuvo vinculado con la caída del consumo interno, la acumulación de mercadería sin vender y el incremento de la competencia de productos importados.

Ahora, apenas tres meses después, BGH vuelve a colocar en riesgo una cantidad mucho mayor de empleos.

El panorama se agrava cuando se observa lo que ocurre en el resto del parque industrial. Los conflictos en Mirgor, la incertidumbre sobre el futuro de Electrofueguina y la prolongada crisis de Aires del Sur muestran que la pérdida de trabajo dejó de ser una amenaza ocasional para convertirse en un problema estructural de la economía fueguina.

Los números permiten dimensionar la gravedad del escenario. Según datos sectoriales difundidos recientemente, las actividades industriales promovidas de Tierra del Fuego registraban 10.033 empleos en agosto de 2025, mientras que en el mismo mes de 2026 la cifra había descendido a 6.564.

Son 3.469 puestos de trabajo menos en apenas un año, una caída cercana al 35% en las actividades industriales alcanzadas por esa medición.

Detrás de cada desvinculación existe una familia que pierde estabilidad económica, un salario que deja de circular en los comercios y una demanda menor para el conjunto de los servicios de la ciudad. El impacto se extiende mucho más allá de las fábricas y alcanza a toda la economía del norte de la provincia.

La política económica del Gobierno nacional, marcada por la apertura comercial y el debilitamiento del consumo, aparece entre los factores que presionan sobre la producción fueguina. Pero la dimensión de la crisis también exige respuestas del Gobierno provincial, que debe explicar qué herramientas está poniendo en marcha para defender el empleo y acompañar a los sectores afectados.

El contraste es cada vez más preocupante: mientras se multiplican las discusiones políticas y presupuestarias, el entramado industrial que sostiene buena parte de la economía de Río Grande continúa perdiendo trabajadores.

La gravedad de la situación llevó incluso a impulsar en la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia económica, comercial y laboral en Río Grande y Tolhuin, con medidas de alivio tributario y asistencia destinadas a preservar la actividad.

El eventual recorte de BGH vuelve urgente esa discusión. No se trata solamente de negociar condiciones de desvinculación, sino de establecer una estrategia para evitar que la reducción de personal se convierta en la única respuesta empresarial frente a la caída de la actividad.

Si se concreta la salida de 250 trabajadores, Río Grande enfrentará un nuevo impacto social y económico en una ciudad que ya viene acumulando despidos, suspensiones e incertidumbre laboral.

La industria fueguina atraviesa uno de sus momentos más delicados. La sucesión de conflictos demuestra que las respuestas aisladas resultan insuficientes frente a un deterioro que amenaza la estructura productiva de la provincia.

El anuncio de BGH es otra señal de alarma: Río Grande no está perdiendo solamente puestos de trabajo, está viendo debilitarse la base industrial sobre la que miles de familias construyeron su presente y proyectaron su futuro.