La tensión en la Legislatura fueguina sumó un nuevo capítulo cuando Catena cuestionó las prioridades de Sciurano y puso bajo la lupa a los posibles beneficiarios de la emergencia comercial.

“¡Qué fácil que es! Ahora sí van a venir con la intervención comercial. Vamos a ir a las comisiones a ver cuáles son los comercios que perdieron”, expresó el dirigente gremial.

Luego recordó la situación de quienes debieron abandonar sus actividades por la crisis.

“A todos esos kioscos que cerraron, a todos los emprendedores, a toda la gente que dejó la vida acá y que tuvieron que cerrar los comercios nadie les tiró una soga”, reprochó.

Cerro Castor, Tante Sara y los intereses empresariales

El momento más contundente llegó cuando Catena mencionó a dos reconocidos emprendimientos de Ushuaia.

“Ahora como les tocan al Cerro Castor y a Tante Sara y a todos los dueños de la ciudad van a pedir una emergencia comercial”, gritó.

La referencia al Cerro Castor agregó un componente político a la discusión. El complejo invernal y la marca Popper están vinculados a la trayectoria empresarial de la familia Begué, relacionada familiarmente con Federico Sciurano.

El planteo de Catena dejó abierta una pregunta: ¿la emergencia busca acompañar al conjunto de los comerciantes afectados o sus condiciones podrían terminar favoreciendo a determinados intereses económicos?

Una ley no necesita mencionar empresas específicas para que su diseño pueda beneficiar especialmente a ciertos sectores. Los requisitos, las exclusiones y las condiciones de acceso también determinan quiénes podrán recibir la asistencia.

De todos modos, el proyecto está destinado a Río Grande y Tolhuin, mientras que los emprendimientos mencionados por Catena se encuentran en Ushuaia. Por lo tanto, sus declaraciones plantean un cuestionamiento político, no una prueba de que esas empresas estén comprendidas en los beneficios.

Una emergencia con requisitos que podrían dejar comercios afuera

El proyecto de Sciurano, identificado como Asunto 663/26, propone declarar la emergencia durante doce meses y contempla un subsidio equivalente al 100% de Ingresos Brutos por seis meses, renovable, junto con créditos, refinanciaciones y estímulos al consumo.

Sin embargo, para acceder al beneficio tributario, los establecimientos deberán demostrar una caída real de facturación superior al 25% y mantener al menos la misma cantidad de trabajadores registrados que tenían en junio de 2026. Además, quedan excluidos los contribuyentes de Convenio Multilateral.

Estas condiciones generan interrogantes sobre los pequeños negocios que, para sobrevivir, tuvieron que reducir personal o achicar sus actividades.

En cuanto al Banco de Tierra del Fuego, la iniciativa propone financiamiento preferencial, pero no fija montos de los préstamos, tasas de interés ni garantías exigidas, aspectos fundamentales para determinar quiénes podrán acceder efectivamente.

La pregunta que dejó Catena

El enfrentamiento ocurrió mientras el SUTEF reclamaba respuestas por los salarios docentes, los problemas edilicios y la falta de recursos educativos.

“Los pibes esperan, las escuelas no se arreglan”, sostuvo Catena, al cuestionar las prioridades legislativas.

Su intervención dejó planteada una discusión que excede el conflicto gremial: por qué tantos pequeños comerciantes debieron cerrar sin asistencia y qué garantías habrá de que la nueva emergencia llegue realmente a quienes más la necesitan.

La pregunta de fondo es si la propuesta de Sciurano terminará siendo una herramienta para sostener al comercio en general o si su letra chica permitirá que los beneficios se concentren en determinados sectores.