Las facturas de gas que comenzaron a recibir las familias de Tierra del Fuego exponen las consecuencias de las decisiones tarifarias del Gobierno de Javier Milei y de la reforma del régimen de Zona Fría que defendieron los representantes fueguinos de La Libertad Avanza.

Durante 2026, Nación autorizó una sucesión de aumentos en las tarifas de Camuzzi Gas del Sur y, cuando esos incrementos ya golpeaban los bolsillos, modificó el cálculo del subsidio patagónico, reduciendo el descuento efectivo que reciben los hogares.

Los números oficiales permiten reconstruir la primera parte de ese proceso. Según los estados financieros de Camuzzi Gas del Sur, los ajustes autorizados para el componente de distribución fueron del 3,26% en enero, 3,89% en febrero, 3,44% en marzo, 3,03% en abril, 4,57% en mayo, 5% en junio y 3,29% en julio.

Aplicados de manera sucesiva, estos aumentos representan una suba acumulada cercana al 29,7% en apenas siete meses, sin contar las modificaciones posteriores. De hecho, el Gobierno nacional aprobó nuevos cuadros tarifarios que entraron en vigencia el 1 de noviembre.

Pero el golpe más controvertido llegó con la modificación del régimen de Zona Fría, mediante la Ley 27.828 y su reglamentación de octubre.

La reforma mantuvo formalmente el descuento del 50%, pero cambió una cuestión fundamental: la bonificación dejó de aplicarse sobre los componentes de transporte y distribución, quedando limitada al precio del gas.

En términos sencillos, los fueguinos siguen viendo el mismo porcentaje de descuento, pero ahora ese beneficio se calcula sobre una parte menor del costo del servicio. El resto debe pagarse sin la protección económica que anteriormente ofrecía el régimen patagónico.

Esta modificación fue cuestionada por especialistas en energía. El exsecretario provincial Moisés Solorza advirtió que el nuevo esquema podría generar incrementos de entre el 29% y el 32% en determinadas facturas residenciales, dependiendo de la categoría y el consumo.

También expuso ejemplos concretos del impacto sobre los cargos fijos: para una categoría residencial, el importe pasaría de aproximadamente $8.300 a $16.700, prácticamente el doble. En otra categoría, el cargo subiría de $13.210 a $26.421.

Una evaluación de la consultora Economía & Energía estimó, por su parte, un incremento promedio anualizado del 26% para la subzona tarifaria de Tierra del Fuego como consecuencia del cambio en Zona Fría.

La combinación de aumentos autorizados a lo largo del año y una reforma que reduce el alcance del subsidio configura un escenario de fuerte encarecimiento del gas para las familias fueguinas. Aunque los porcentajes corresponden a componentes y metodologías diferentes y no permiten establecer automáticamente una suba uniforme del 60% en todas las facturas, sí muestran la acumulación de medidas que perjudican económicamente a los usuarios.

La controversia también tiene responsables políticos. Los legisladores nacionales Santiago Pauli, Miguel Rodríguez y Belén Monte de Oca defendieron la continuidad del beneficio de Zona Fría, concentrando sus explicaciones en que los hogares patagónicos conservarían el descuento del 50%.

Lo que aquellas explicaciones no aclararon suficientemente fue que la reforma modificaba la base sobre la cual se aplicaría ese porcentaje y que, por lo tanto, las familias podían terminar pagando considerablemente más.

La senadora Monte de Oca llegó a reconocer que la modificación podía provocar aumentos, aunque sus estimaciones fueron inferiores a las advertencias técnicas difundidas posteriormente.

El contraste resulta evidente: mientras los representantes libertarios buscaban transmitir tranquilidad, las decisiones del Gobierno nacional avanzaban sobre dos aspectos esenciales del costo del servicio. Por un lado, los incrementos tarifarios sucesivos; por otro, la reducción del alcance económico del subsidio.

En Tierra del Fuego esta discusión tiene una gravedad particular. El gas no es un consumo opcional, sino un servicio indispensable para calefaccionar los hogares y atravesar las condiciones climáticas del extremo sur.

Cada aumento representa una presión adicional sobre los ingresos familiares, especialmente en una provincia golpeada por la pérdida de empleos industriales, la caída del consumo y las dificultades económicas de comerciantes y trabajadores.

La reforma de Zona Fría deja además una discusión pendiente sobre la responsabilidad de quienes acompañaron su aprobación. Los representantes fueguinos de La Libertad Avanza deben explicar por qué defendieron la continuidad nominal del beneficio sin dimensionar públicamente el perjuicio que podía ocasionar la modificación de su cálculo.

Porque mantener el 50% de descuento no significa proteger a los usuarios si ese porcentaje se aplica sobre una base cada vez menor, mientras los demás componentes de la factura continúan aumentando.

La realidad obliga ahora a mirar las boletas y no solamente los discursos. La comparación con diciembre de 2025 deberá permitir establecer el incremento acumulado para cada categoría y nivel de consumo, incluyendo los aumentos autorizados durante el año y el nuevo esquema de Zona Fría.

La contradicción política es difícil de disimular: los libertarios fueguinos defendieron una reforma asegurando que se mantenía el beneficio, pero el resultado fue una protección económica menor y facturas más caras para los vecinos de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

El Gobierno nacional debe explicar el impacto integral de sus decisiones tarifarias y los legisladores que respaldaron la modificación tienen la responsabilidad de responder por sus consecuencias.

Los fueguinos no necesitan que les repitan que conservan el 50% de Zona Fría. Necesitan que les expliquen por qué, después de los aumentos autorizados por Nación y de la reforma que defendieron sus representantes, deben destinar cada vez más dinero a pagar un servicio esencial.