En rueda de prensa, tras finalizar la presentación del Presupuesto municipal en el Museo Virginia Choquintel, el funcionario sostuvo que las dificultades económicas no responden únicamente a una demora en el envío de recursos, sino también a “una decisión política que ha tomado el Gobierno de la provincia de no enviar a Río Grande los recursos que le corresponden”.

Díaz cuestionó las afirmaciones del Ejecutivo provincial sobre un trato igualitario hacia las municipalidades y aseguró que la deuda sigue creciendo. Recordó que el reclamo pasó de $16 mil millones a $17 mil millones y afirmó que actualmente alcanza los $18 mil millones.

Además, indicó que el cronograma remitido por el Ministerio de Economía para esta semana contempla, según los cálculos municipales, un 25% menos de los fondos que le corresponden a Río Grande.

“¿Dónde están esos recursos que son de los riograndenses, que ya llegaron al Gobierno de la provincia, que evidentemente la Provincia les ha dado otro destino?”, cuestionó.

Sueldos con lo justo y pagos pendientes

El secretario de Gobierno explicó que el Municipio logró abonar los salarios la semana pasada, aunque debió postergar otras obligaciones para reunir el dinero.

“Abonamos los sueldos la semana pasada, la verdad que con lo justo”, señaló. Aseguró que los gremios estuvieron informados sobre las dificultades y que el intendente Martín Perez realizó los esfuerzos necesarios para garantizar el pago.

Sin embargo, reconoció que dejaron de cumplir con pagos a proveedores, lo que genera un cuello de botella financiero y limita la posibilidad de discutir una recomposición salarial.

Díaz diferenció la autorización presupuestaria de la disponibilidad efectiva de dinero. Explicó que tener una partida aprobada no garantiza que los recursos ingresen a las cuentas municipales.

“Por más que estemos autorizados presupuestariamente a gastarlo, si no está el dinero, no sería responsable firmar un incremento salarial”, expresó.

En ese marco, advirtió: “Seriamente está en riesgo el pago de aguinaldo y premio vacacional”. Sostuvo que, si la situación continúa, la responsabilidad será del gobernador y de la decisión política que atribuyó al Ejecutivo provincial.

“Si el gobernador decide que los recursos lleguen a Río Grande, los recursos que ya recibió, nosotros podemos discutir salario, podemos abonar premio vacacional y aguinaldo, podemos seguir dando servicios de calidad”, afirmó.

Advertencia por los servicios municipales

Díaz remarcó que la falta de fondos también presiona sobre obligaciones relacionadas con la potabilización del agua, el transporte público subsidiado, la recolección de residuos y el funcionamiento del relleno sanitario.

Como ejemplo, señaló que el mes pasado se abonó solamente el 50% del servicio de recolección de residuos. También explicó que las áreas responsables de garantizar prestaciones esenciales manifestaron preocupación por las consecuencias administrativas, civiles y penales que podría generar su incumplimiento.

El funcionario advirtió que, si persiste el ahogo financiero que denuncia el Municipio, los servicios perderán calidad y podrían verse comprometidas las condiciones de salubridad y ambientales de la ciudad.

Acusaciones de favoritismo hacia Ushuaia

El secretario de Gobierno vinculó la distribución de recursos con el escenario electoral. “Hay una preferencia política electoral en función de que se acerca el 2027”, sostuvo.

También recordó que Melella, cuando era intendente de Río Grande, denunciaba un acuerdo político entre el Gobierno provincial y Ushuaia para perjudicar a la ciudad. “Creo que hoy está haciendo exactamente lo mismo”, afirmó.

Díaz aseguró que la gestión de Martín Perez busca completar sus ocho años de gobierno y atribuyó a otros sectores políticos la intención de impedir que ese ciclo termine de la mejor manera.

En ese contexto, cuestionó la decisión provincial sobre el coeficiente de distribución de coparticipación. Según explicó, el Municipio presentó un recurso administrativo en 2025 y, en 2026, el gobernador reconoció que correspondía corregirlo.

Sin embargo, sostuvo que, tras un planteo de Ushuaia, Melella suspendió la aplicación del decreto que daba la razón a Río Grande.

El funcionario estimó que la controversia involucra aproximadamente $600 millones que deberían llegar a la ciudad y atribuyó la suspensión a presiones políticas de la capital provincial.

El reclamo podría llegar a la Justicia

Díaz confirmó que el Municipio envió una carta documento al tesorero y al contador de la Provincia, con una intimación y un apercibimiento de denuncia penal.

Ante el malestar que esa decisión generó en funcionarios provinciales, explicó que los destinatarios fueron definidos por las responsabilidades personales que, según señaló, establece la Constitución provincial en materia de administración económica y financiera.

El viernes 13 de noviembre está prevista una nueva reunión en Tolhuin entre el ministro de Economía y los responsables de Finanzas municipales, una instancia que será considerada para definir los próximos pasos.

Díaz advirtió que, si se concreta el envío de un 25% menos de los recursos que reclama Río Grande, “no tenemos otra herramienta más que hacer una presentación judicial”.

El secretario de Gobierno sostuvo que la intervención de la asesoría letrada tendrá como objetivo reclamar los fondos que pertenecen a los vecinos y exigir su transferencia al Municipio.