El juicio por el homicidio de Alberto “Fino” Scariot, ocurrido en noviembre de 2025 en Río Grande, llegó este martes a una instancia decisiva. El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte dictó una condena de ocho años de prisión contra Fernando Aarón Moreira, considerado autor penalmente responsable de homicidio simple y lesiones leves.
La resolución fue anunciada por el juez Eduardo López, quien presidió el Tribunal y estuvo a cargo de la lectura de la parte dispositiva de la sentencia.
El fallo confirmó la responsabilidad penal de Moreira por la muerte de Scariot, quien recibió 34 puñaladas durante un violento enfrentamiento, y por las lesiones sufridas por Dylan, hijo de la víctima.
La pena impuesta coincidió con la solicitada por el fiscal Ariel Pinno durante su alegato final, aunque quedó muy lejos de la condena a prisión perpetua que reclamaban los familiares de Scariot.
Durante la lectura del veredicto, López comunicó que el Tribunal resolvió condenar a Fernando Aarón Moreira a ocho años de prisión, accesorias legales y costas, al considerarlo responsable de dos delitos en concurso real.
Por un lado, lesiones leves en perjuicio de Dylan Scariot, cometidas el 10 de noviembre de 2025.
Por otro, homicidio simple en perjuicio de Alberto Scariot, cuya muerte se produjo el 13 de noviembre de ese mismo año.
La sentencia se encuadró en los artículos correspondientes del Código Penal, entre ellos el artículo 79, que establece la figura de homicidio simple.
La Justicia no aplicó la figura de homicidio agravado por ensañamiento, que había formado parte de la acusación original y que contempla la pena de prisión perpetua.
Esa agravante ya había sido descartada por el fiscal Pinno durante su alegato, cuando sostuvo que las pruebas no permitían acreditar los requisitos necesarios para mantener esa calificación.
Uno de los puntos de mayor controversia del juicio fue la diferencia entre la pena reclamada por los familiares de Scariot y la finalmente solicitada por la Fiscalía.
Los familiares habían expresado su indignación por el pedido de ocho años de prisión, al considerar que la gravedad del ataque y la cantidad de heridas sufridas por la víctima justificaban una condena mucho más severa.
El cambio de calificación impulsado por Pinno provocó fuertes cuestionamientos durante las últimas jornadas del debate.
Incluso, los familiares intentaron incorporarse formalmente como querellantes para intervenir en el proceso y sostener su reclamo de justicia.
Sin embargo, la sentencia terminó coincidiendo exactamente con los ocho años de prisión solicitados por el representante del Ministerio Público Fiscal.
La resolución también significó un revés para la estrategia presentada por el defensor oficial Eduardo Tepedino, quien durante su alegato había solicitado la absolución y libertad inmediata de Moreira.
El abogado sostuvo que su defendido actuó en legítima defensa y que utilizó un cuchillo para repeler una agresión que, según su interpretación, había sido iniciada por Scariot.
“Estoy absolutamente convencido de que Aarón defendió su vida”, había afirmado Tepedino ante los jueces.
También cuestionó las declaraciones de los testigos y presentó mensajes de WhatsApp incorporados al expediente para respaldar su reconstrucción de los hechos.
No obstante, el Tribunal declaró a Moreira penalmente responsable de homicidio simple, por lo que no hizo lugar al pedido de absolución formulado por la Defensa.
Los fundamentos completos que explican la valoración de las pruebas y los motivos jurídicos de la decisión serán conocidos durante la lectura integral de la sentencia.
La sentencia incorporó otra decisión de relevancia: el Tribunal ordenó extraer las piezas correspondientes al testimonio de Carlos Mansilla y dar intervención a la Fiscalía de turno por la presunta comisión del delito de falso testimonio.
Mansilla fue uno de los testigos centrales del juicio, debido a que se encontraba en la vivienda donde ocurrió el enfrentamiento entre Moreira y Scariot.
Durante el debate surgieron cuestionamientos sobre las diferencias entre sus declaraciones iniciales y los testimonios posteriores.
La Defensa había dedicado buena parte de su alegato a esas contradicciones, sosteniendo que los mensajes enviados por Mansilla después del episodio respaldaban una versión diferente de los hechos.
La decisión del Tribunal no constituye una condena contra Mansilla, sino la remisión de antecedentes para que la Fiscalía investigue si existió una conducta delictiva en sus declaraciones.
Además de la condena, los jueces dispusieron dar intervención a los organismos correspondientes para abordar las situaciones de riesgo que surgieron durante el juicio en relación con los menores vinculados a las familias involucradas.
La resolución contempla la intervención de los organismos de protección y de los juzgados de Familia y Minoridad, con el objetivo de evaluar las circunstancias expuestas durante el debate.
También se ordenó que las autoridades penitenciarias aseguren a Moreira tratamiento y seguimiento profesional especializado, de acuerdo con las necesidades de salud que presente durante su alojamiento.
Otro punto de la sentencia estuvo dirigido a la Policía de Tierra del Fuego.
El Tribunal dispuso que se registren felicitaciones al personal de la Oficina de Tecnologías Aplicadas a la Investigación Criminal de Río Grande, en reconocimiento a la calidad y el esfuerzo demostrado durante la investigación.
El trabajo de esa dependencia tuvo relevancia en el análisis de dispositivos electrónicos, conversaciones y otros elementos tecnológicos incorporados como prueba.
Tras anunciar la condena, el Tribunal fijó para el 4 de diciembre de 2026 la audiencia de lectura integral de los fundamentos de la sentencia.
En esa instancia se conocerán en detalle los argumentos utilizados por los jueces para determinar la responsabilidad penal de Moreira, valorar los testimonios y establecer la pena.
El fallo dejó tres posiciones claramente diferenciadas: la familia Scariot reclamaba prisión perpetua, el fiscal Ariel Pinno solicitó ocho años y el defensor Eduardo Tepedino pidió la absolución por legítima defensa.
Finalmente, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, presidido por Eduardo López e integrado por los jueces Verónica Marchisio y Pedro Fernández, impuso ocho años de prisión a Fernando Aarón Moreira, la misma pena solicitada por la Fiscalía.
Así concluyó la etapa del juicio oral por el homicidio de Alberto “Fino” Scariot, una causa marcada por las 34 puñaladas que recibió la víctima, los cuestionamientos de sus familiares y una sentencia que descartó tanto la prisión perpetua como la absolución del acusado.